En la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de dieciocho años están por encima de los de otros particulares. Por lo anterior, si un menor de catorce años comete un delito no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según un código de procedimiento penal diferente del ordinario. Un presidente de turno considera que, debido a este trato especial que se da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose; por ello, decide convocar a la ciudadanía para conocer si esta apoyaría que se anule la norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población.