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Soberanía Alimentaria es el derecho que los pueblos, los países o las uniones de Estados tienen para definir sus políticas agrícolas y alimentarias y para proteger su producción y su cultura alimentaria para no ser perjudicados por otros. Este es un tema que nos toca a nosotras feministas, no sólo como ciudadanas, sino también porque luchamos para que las mujeres tengan autonomía. Autonomía para decidir cómo trabajar, cómo garantizar nuestro sustento, cómo divertirnos, amar, tener hijos o no, vivir sin violencia y construir nuestro futuro. La autonomía personal presupone sociedades sin desigualdades y donde los pueblos deciden sus destinos.

El principio de la Soberanía Alimentaria es propuesto por la Via Campesina desde 1996, para contraponerse a las políticas neoliberales que protegen el interés de las grandes empresas. En las políticas de Libre Comercio, la alimentación es apenas una mercadería más, y no un derecho. Para los movimientos del campo, la idea de la Soberanía Alimentaria es también una herramienta de lucha y de propuestas, presentadas a los gobiernos locales así como a las instituciones internacionales.

Antes que los movimientos afirmasen esa idea, el problema social e internacional de la alimentación solamente era discutido en términos de emergencia, en caso de guerras, catástrofes o pobreza: se hablaba de Seguridad Alimentaria, lo que significa el acceso individual a los alimentos en situación de carencia, siendo estos producidos o comprados. Pero el foco estaba siempre en la compra y en las llamadas ayudas alimentarias internacionales, que imponen un hábito alimentario, como en el caso de la harina de trigo y de la leche en polvo en los años ‘60, así como usando a la población como conejito de indias, como en el caso de la distribución de maíz transgénico en los últimos años.

El derecho a la alimentación tiene una dimensión social y también una dimensión individual. Muchas veces al interior de las familias la comida no está bien distribuida. El preconcepto de que las niñas y las mujeres son más frágiles o que no realizan trabajos considerados pesados es usado como justificación para que ellas coman menos o coman las peores partes.

La garantía del derecho a la alimentación pasa por priorizar la producción local para la alimentación de la población y para asegurar el acceso de las campesinas y de las sin-tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. Pasa también por tener en cuenta el trabajo invisible que las mujeres realizan en la preparación y distribución de los alimentos. Pero no en el sentido que le dan organizaciones como el Banco Mundial, sobrecargando a las mujeres y responsabilizando sólo a ellas por la salud y bienestar de las familias en un contexto donde Estado y empresas disminuyen remuneraciones y derecho de las trabajadoras y trabajadores. Nuestro camino es reconocer que la sustentabilidad de la vida humana, en la cual la alimentación es una parte fundamental, debe estar en el centro de la economía y de la organización de la sociedad