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Ante la incapacidad de contener los enfrentamientos, agentes de la policía de Nueva Delhi, entre cuyas filas se ha registrado uno de los 20 muertos, tuvieron que usar perdigones, gas lacrimógeno y granadas de humo para dispersar a la muchedumbre. Ayer, el Ministro de Interior, Amit Shah, responsable de las fuerzas del orden, aumentó el número de efectivos. Mientras, el jefe del Ejecutivo regional de Delhi, Arvind Kejriwal, pedía en un tweet que el Gobierno central impusiese el estado de sitio y desplegase al Ejército.
Las jornadas de violencia sectaria más sangrientas vividas en la capital india en décadas se desataron solo un día después de que Kapil Mishra, político electo por el BJP, amenazase a los participantes en concentraciones anti-gubernamentales a través de Twitter, que retiró la publicación. Antes, durante la campaña electoral para la asamblea del Estado de Delhi, a principios de mes, miembros del partido de Modi llamaron públicamente a usar la violencia contra una de las sentadas pacíficas más largas de la historia de la democracia de India. Desde finales de 2019, centenares de residentes de una zona del noreste de la ciudad, en su mayoría musulmanes, lideran las manifestaciones contra la enmienda a ley de ciudadanía, que concede la posibilidad de solicitar asilo en India a refugiados siempre que no sean seguidores del islam.
La nueva ley de ciudadanía permite que inmigrantes irregulares de Afganistán, Pakistán y Bangladés pidan asilo en India, siempre que hubiesen entrado en el país antes de 2015 y no sean musulmanes. La norma no afecta a los indios musulmanes —son la mayor minoría religiosa del país, cerca del 14% de la población—, pero estos ven una amenaza en la combinación de esa ley con el Registro Nacional de Ciudadanía (NRC), que obligará a que cada ciudadano acredite su residencia en la India durante generaciones. El 90% de los indios musulmanes —unos 200 millones— son pobres y el 74%, analfabetos, por lo que la residencia de millones de ciudadanos indios estaría en riesgo al no tener documentos ni poder pedir asilo. Al incrementarse las protestas, el Gobierno decidió no ejecutar su anunciado registro de ciudadanía, al menos en 2020. Y a comienzos de año, también se mostró dispuesto a dialogar con los manifestantes.
El Ejecutivo de Modi niega discriminar a la minoría musulmana del país. Pero desde su arrasadora victoria en las generales de mayo del año pasado, ha centrado sus políticas en culminar su programa político-religioso. La criticada ley de ciudadanía estuvo precedida de la división de Cachemira —único Estado indio de mayoría musulmana, fronterizo con Pakistán— tras eliminar su estatuto especial de autonomía. A esta controvertida decisión siguió la también aplaudida orden judicial de construir un templo hindú sobre los restos de una mezquita derribada por radicales hindúes en la ciudad de Ayodhya en 1992.
Las imágenes de este martes en las que nacionalistas hindúes escalaron el minarete de una de las mezquitas atacadas en Nueva Delhi para desplegar su bandera azafrán, el color del hinduismo, tienen especial semejanza con las de hace casi 20 años, cuando la destrucción de la mezquita de Ayodhya causó la muerte de 2.000 personas, en su mayoría musulmanes. Entonces, como ahora, los políticos fueron criticados por apología de la violencia y las fuerzas de seguridad, por su falta de eficacia para contener a la muchedumbre. Este miércoles, el Alto Tribunal de Delhi se ha referido a los comentarios inflamatorios de los políticos, mientras que el Supremo indio cuestionaba la falta de profesionalidad de la policía de la capital. Reporteros de medios locales incluso denunciaron haber sido víctimas de grupos de hindúes radicales, armados con palos y pistolas y amparados por las fuerzas de seguridad de Nueva Delhi.
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El caos se ha apoderado de Nueva Delhi, capital de la India, donde desde el domingo los enfrentamientos entre radicales hindúes y manifestantes musulmanes han ocasionado 27 muertos y más de 200 heridos. Las autoridades han desplegado este miércoles miles de agentes de la policía militarizada en la ciudad, de cerca de 18 millones de habitantes, que hoy vivía una inquietante calma tras varias jornadas de violencia sectaria. Tres días después de que empezasen los choques entre las dos principales comunidades religiosas del país, el primer ministro, Narendra Modi, ha llamado a la paz mientras que los tribunales señalan a las autoridades por no haber actuado antes.