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Somos un país diverso y multicultural. No obstante ello, el racismo y la discriminación son males que aquejan a nuestra sociedad y que, particularmente, los sufren los pobres, los provincianos quechuahablantes y los afroperuanos.

La discriminación es el trato diferenciado o desigual que –sin justificación– se ejerce sobre una persona o grupo, ocasionando el menoscabo en el ejercicio o goce de sus derechos individuales o colectivos. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico.

Para que se produzca un acto discriminatorio se deben configurar tres elementos:

Un trato diferenciado injustificado.

Que el trato diferenciado se base en un motivo prohibido: color de la piel, origen, etnia, sexo, idioma, religión, opinión, filiación política, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica, social o de cualquier otra índole.

Que se produzca la anulación o menoscabo en el reconocimiento, ejercicio y/o goce de un derecho.

La Defensoría del Pueblo quiere combatir frontalmente a la discriminación en nuestra sociedad. En razón de ello, atiende en sus oficinas casos por presuntos actos de discriminación en diversas partes del país, investigando los hechos y solicitando a las instituciones públicas llamadas a intervenir en cada caso para erradicar los actos discriminatorios, con el objetivo de restituir los derechos vulnerados.

Además, lleva a cabo reuniones de trabajo, talleres y eventos de sensibilización para incidir de manera positiva en las instituciones públicas y privadas, así como en la sociedad en su conjunto, destacando el valor de las diferencias y la defensa de los derechos fundamentales.

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