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Explicación:
El año 2002 representa un punto de inflexión en Colombia, tanto por la llegada de un completo outsider como es Álvaro Uribe Vélez, que rompe con el bipartidismo imperante hasta entonces (Partido Liberal/Partido Conservador), como, derivado de ello, por las fuertes transformaciones que se van a producir en la forma de atender y entender el conflicto por parte del Estado y el poder público colombiano.
Tras el propósito truncado de la “Diplomacia por la paz” por llegar a un acuerdo con las FARC bajo el gobierno de Andrés Pastrana, la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia se produce a través de una ruptura con las tendencias de carácter negociador dominantes hasta entonces. Así, se descarta cualquier política de aproximación con los grupos guerrilleros, al promoverse una política de confrontación directa, legitimada por una sociedad como la colombiana, escéptica y desafecta tras los reiterados fracasos de explorar una solución negociada al conflicto, y que por primera vez apuesta por una forma más reaccionaria en la manera de superar el mismo.
La Política de Seguridad Democrática como nueva estrategia de disputa
Hasta que se pone en marcha la Política de Seguridad Democrática (PSD), tanto la “guerra contra los narcotraficantes”, promovida por Virgilio Barco (1986-1990) con motivo del asesinato del candidato presidencial liberal, Luis Carlos Galán, como la “guerra integral” de César Gaviria (1990-1994), frustradas las negociaciones con las FARC y el ELN en el marco de una Asamblea Constituyente como la de 1991, se trataron de las dos experiencias más reaccionarias, de confrontación directa, llevadas a cabo en Colombia contra los grupos insurgentes. Ambas iniciativas, que fracasaron en su propósito, a diferencia del caso de la elección popular de Uribe, además, tuvieron lugar tras la ruptura de políticas negociadoras e intentos por encontrar fórmulas de consenso para desactivar el conflicto armado colombiano.
Paralelamente, a la dinámica endógena de cambio dentro del sistema político colombiano, entre el fin de la Administración Pastrana y el ascenso de Álvaro Uribe, se produce una afectación al orden geopolítico mundial, como consecuencia de los atentados del 11-S y la llegada a la presidencia estadounidense del republicano George W. Bush, máximo exponente del “realismo preventivo” y de la seguridad como elemento nuclear del código geopolítico de Washington en su proyección exterior (Benito, 2007).
Sobre estas circunstancias, la seguridad como valor y como derecho va a resultar la depositaria de toda la construcción del andamiaje institucional y de (re)construcción del Estado en Colombia, tanto desde la lógica uribista de “primero seguridad, después libertad”, como desde el apoyo proveniente de Estados Unidos y la comprensión neo-conservadora de la seguridad.
Todo este elenco de circunstancias se imbrican sobre un punto común, que es el de concebir la superación del conflicto armado colombiano en los términos que Galtung (1964) denomina como “paz negativa”. Esto es, comprendiendo la paz como ausencia de guerra, y no aspirando a superar las condiciones de violencia estructural –inequidad, marginalidad, pobreza, debilidad institucional de la dimensión social, democrática y de derecho del Estado- que dan sentido, en oposición, a la “paz positiva”.
Tal conjunción, ad intra, fruto de las transformaciones y cambios que acontecen a partir de 2002 en Colombia, y ad extra, a partir del renovado orden geopolítico emergente, va a materializarse en dos iniciativas dentro del particular caso colombiano. Dos iniciativas que comparten como prioridad el reducir la fortaleza militar de los diferentes actores irregulares en liza y disminuir su control efectivo territorial: la PSD y el Plan Colombia. Este último, aun orquestado inicialmente por Andrés Pastrana y Bill Clinton en 1999, a partir de la llegada de Bush a la presidencia, quedará inmerso dentro de lo que se conocerá como la Iniciativa Regional Andina (IRA).
La PSD va a quedar enmarcada dentro de dos fases. La primera, entre los años 2002 y 2006, en lo que se conoce stricto sensu como la Política de Seguridad Democrática y la segunda fase, conocida como la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática.
En su primera fase, la Política de Seguridad Democrática tiene como principal objetivo el asumir la seguridad como una tarea conjunta y prioritaria de todas las autoridades, lo cual se produce a través de una inversión ingente de recursos económicos, humanos y militares, bajo una consideración y una proyección beligerante con las FARC y con el ELN espec