Respuesta :

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En los años ochenta del siglo pasado, la lucha contra una presa que iba a anegar el pueblo de Mendha-Lekha y docenas de otros pueblos puso de relieve la importancia de la movilización.2 Desde entonces, el pueblo ha conservado 1.800 hectáreas de bosque colindante y se ha hecho recientemente con plenos derechos de uso, gestión y protección de las mismas al amparo de la Ley de Derechos Forestales de 2006, revirtiendo siglos de gobernanza forestal colonial y poscolonial.3 La comunidad cubre sus necesidades básicas de alimentos, agua, energía y sustento mediante, entre otras cosas, el cultivo sostenible y la venta de bambú. En 2013 todos los propietarios de tierras en la aldea decidieron ponerlas a disposición del ‘bien común’, lo que terminó en la práctica con la propiedad privada de las tierras al utilizar la olvidada Ley Gramdan de 1964. Se toman las decisiones en la asamblea del pueblo en base a la información generada por los abhyas gats (círculos de estudio) sobre una multitud de temas en los que los aldeanos combinan sus conocimientos y sabiduría con los de las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y funcionarios sensibles a la cosmovisión de los aldeanos.

En el distrito Udaipur del estado de Rajasthan, varios pueblos —con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil— han realizado un mapeo y una planificación detallados de recursos y se han movilizado para asegurar que los correspondientes presupuestos gubernamentales se gastan de acuerdo con las prioridades comunitarias.4 Se llevan a cabo ejercicios de planificación similares en los que las aldeas han hecho valer sus derechos al amparo de la Ley de Derechos Forestales, la Ley Panchayat que se ocupaba del desarrollo de ciertas zonas o la legislación estatal análoga en los estados de Maharashtra, Gujarat y otros. Estos experimentos a nivel de aldea tienen algunas similitudes en las ciudades y zonas urbanas más grandes. En el estado de Nagaland, una iniciativa gubernamental llamada communitisation ha transferido algunos aspectos de la toma de decisiones que se refieren a la sanidad, la educación y el poder (por ejemplo, los salarios y los traslados de maestros) a las comunidades de las aldeas y ciudades.5 Ciudades como Bengaluru y Pune están explorando los presupuestos participativos, lo que permite a los ciudadanos priorizar los gastos, con el fin de influir en los presupuestos oficiales. Aunque este enfoque ha tenido que enfrentarse a varios escollos y deficiencias como la dominación de las élites locales y el hecho de que los ciudadanos no deciden las prioridades de gasto, los grupos de la sociedad civil lo ven como un paso hacia la descentralización de la gobernanza política.6

Explicación:

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En los años ochenta del siglo pasado, la lucha contra una presa que iba a anegar el pueblo de Mendha-Lekha y docenas de otros pueblos puso de relieve la importancia de la movilización.2 Desde entonces, el pueblo ha conservado 1.800 hectáreas de bosque colindante y se ha hecho recientemente con plenos derechos de uso, gestión y protección de las mismas al amparo de la Ley de Derechos Forestales de 2006, revirtiendo siglos de gobernanza forestal colonial y poscolonial.3 La comunidad cubre sus necesidades básicas de alimentos, agua, energía y sustento mediante, entre otras cosas, el cultivo sostenible y la venta de bambú. En 2013 todos los propietarios de tierras en la aldea decidieron ponerlas a disposición del ‘bien común’, lo que terminó en la práctica con la propiedad privada de las tierras al utilizar la olvidada Ley Gramdan de 1964. Se toman las decisiones en la asamblea del pueblo en base a la información generada por los abhyas gats (círculos de estudio) sobre una multitud de temas en los que los aldeanos combinan sus conocimientos y sabiduría con los de las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y funcionarios sensibles a la cosmovisión de los aldeanos.

En el distrito Udaipur del estado de Rajasthan, varios pueblos —con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil— han realizado un mapeo y una planificación detallados de recursos y se han movilizado para asegurar que los correspondientes presupuestos gubernamentales se gastan de acuerdo con las prioridades comunitarias.4 Se llevan a cabo ejercicios de planificación similares en los que las aldeas han hecho valer sus derechos al amparo de la Ley de Derechos Forestales, la Ley Panchayat que se ocupaba del desarrollo de ciertas zonas o la legislación estatal análoga en los estados de Maharashtra, Gujarat y otros. Estos experimentos a nivel de aldea tienen algunas similitudes en las ciudades y zonas urbanas más grandes. En el estado de Nagaland, una iniciativa gubernamental llamada communitisation ha transferido algunos aspectos de la toma de decisiones que se refieren a la sanidad, la educación y el poder (por ejemplo, los salarios y los traslados de maestros) a las comunidades de las aldeas y ciudades.5 Ciudades como Bengaluru y Pune están explorando los presupuestos participativos, lo que permite a los ciudadanos priorizar los gastos, con el fin de influir en los presupuestos oficiales. Aunque este enfoque ha tenido que enfrentarse a varios escollos y deficiencias como la dominación de las élites locales y el hecho de que los ciudadanos no deciden las prioridades de gasto, los grupos de la sociedad civil lo ven como un paso hacia la descentralización de la gobernanza política.6

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