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“Esto implica un sacrificio del gasto público que incide en la protección social y la educación, pues gran parte del presupuesto se va al pago de la deuda pública. Entre más aumente la deuda, más dinero del presupuesto público se debe destinar para pagarla”, señala el doctor en Ciencias Económicas.

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ExplicaciLa caída de los ingresos petroleros condujo a un incremento de la deuda, tanto pública como externa. ¿Qué riesgos implica?

El pronunciado incremento de la deuda pública y privada que tuvo lugar no solo en los países avanzados sino también en los emergentes, en la antesala de la crisis financiera internacional de 2008-2009 y durante la Gran Recesión, llamó la atención sobre sus efectos nocivos para el crecimiento de las economías.

Sin embargo, la deuda no es perjudicial por sí misma. Su efecto depende tanto del tipo de gasto que financia, como de su magnitud. En general, cuando fondea la inversión y esta es más rentable que el servicio de las obligaciones, de manera que genera los ingresos para pagar los intereses y la amortización correspondiente, entonces favorece la expansión de la actividad económica.

En cambio, cuando financia el consumo, en el mediano plazo se puede volver problemática porque no genera los ingresos suficientes para servirla.

En este caso, más allá de cierto monto puede resultar perjudicial para el crecimiento, si compromete una parte muy importante del ingreso, de manera que impida llevar a cabo suficiente inversión o comprima la capacidad de consumo de los hogares.

En tales eventos afecta tanto el ritmo de expansión de la demanda como la mejora del potencial de crecimiento de las economías.

Tampoco conviene para una economía acumular deuda pública en exceso porque incrementa el riesgo soberano y el costo de la financiación. Además, una deuda pública muy elevada puede impedir la adopción de una postura fiscal estimulante durante una recesión.

En esa coyuntura, un descenso súbito de los ingresos públicos o de la actividad económica puede requerir incurrir en un mayor saldo de deuda para mantener el mismo o un mayor monto del gasto gubernamental, con el fin de sostener la demanda para estimular la actividad económica.