Argentina ha cambiado su política migratoria, pasando de un modelo de referencia regional que afirmaba la migración como derecho humano, a un paradigma de control y exclusión que asocia la migración al delito y a la inseguridad ciudadana.
La política migratoria argentina se sustenta en la existencia de flujos migratorios provenientes en un porcentaje muy amplio de países latinoamericanos (principalmente Bolivia, Paraguay y Perú) con un desarrollo económico relativamente inferior al de nuestro país según el Informe sobre Desarrollo Humano 2010
