Respuesta:
Explicación:
El presente informe fue elaborado por la Fundación Aguaclara para la consideración del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, durante el Período de Sesión 55°,
el Examen del Tercer Informe Periódico del Estado venezolano sobre la implementación y
cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su
contenido está referido a los artículos 1, 11 y 12 del Pacto, abordando específicamente el derecho de
los pueblos a recursos naturales que garanticen su subsistencia, el derecho al agua y el derecho a un
ambiente adecuado para la salud.
Si bien Venezuela cuenta en su Constitución Nacional y en una extensa legislación interna, gran
cantidad de normas favorables a la protección de los derechos ambientales, y a pesar de que el país ha
ratificado buena parte de los tratados y convenciones internacionales en materia ambiental, en el
período que comprende este Informe el Estado ha mantenido políticas que violan sus obligaciones
ambientales, trayendo como consecuencia graves y extensos daños al hábitat y, en las cuestiones de
las que se ocupa este informe, a la salud de las personas.
En estos años, ha prevalecido en las políticas del Estado un enfoque marcadamente desarrollista y
depredador de los recursos naturales, que explica constantes medidas inconsistentes y el desinterés
por fortalecer las capacidades rectoras y de gestión de las instituciones ambientales. Como producto
del debilitamiento institucional para proteger el ambiente, es casi inexistente la información sobre los
proyectos que lleva adelante el mismo gobierno con socios comerciales, a nivel nacional e
internacional, en áreas protegidas. De igual manera, desde hace varios años, el Estado cerró canales de
comunicación con las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de temas ambientales por
razones políticas y, principalmente, por una abierta intolerancia al cuestionamiento y a las labores en
defensa de los derechos de las personas.
Con base en la información aportada en este Informe que presentamos a consideración de los
Honorables Miembros del Comités, solicitamos se recomiende al Estado:
a) Adecuar las medidas que adopte en el ámbito legislativo, administrativo o judicial a lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los convenios
internacionales ratificados por el país, garantizando la protección de la mega biodiversidad del
país, así como el patrimonio natural como bien común.
b) Derogar toda medida que vaya en contra de los derechos ambientales de las y los venezolanos,
conforme a la protección que ofrece el artículo 1 del Pacto; e investigar y sancionar las acciones
dirigidas a utilizar las riquezas naturales del país en beneficio privado, cometidas por
funcionarios o or particulares.
c) Restituir las funciones rectoras, científicas y técnicas del Ministerio del Ambiente como órgano
encargado de la vigilancia de las normas, la gestión ambiental y la protección de la mega
diversidad biológica del país; y fortalecer en particular el Instituto Nacional de Parques