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La acusación expresaba que actos de la administración de Piñera habrían comprometido gravemente el honor de la Nación y que éste habría infringido abiertamente la Constitución y las leyes; en particular, sostenía que Piñera habría infringido abiertamente el artículo , que hace referencia al principio de probidad, el cual se habría incumplido producto de revelaciones surgidas por el caso Pandora Papers.

Fue la tercera acusación constitucional presentada en contra de un presidente de la República en ejercicio, tras el juicio político a Carlos Ibáñez del Campo, en 1956, la cual fue desechada por la Cámara de Diputados, y la anterior acusación contra Piñera realizada a fines de 2019 y que fue rechazada al haberse aprobado la cuestión previa.

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