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Qué pasa en una huelga?

La huelga es la interrupción de la actividad laboral convocada por parte de los trabajadores, como medida de presión frente a la empresa, para mejorar las condiciones laborales.

Explicación:

El derecho fundamental de declarar la huelga se halla bajo presión y ataque del sector patronal y algunos gobiernos; estos grupos proponen cuestionar este derecho en la próxima reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece normas mundiales respecto a los derechos laborales.

La eliminación de este derecho humano tendría graves repercusiones para todos nosotros.

He aquí cinco razones clave por las que el derecho de huelga es necesario:

Declarar una huelga es el último recurso, pero a veces es la única herramienta que tienen los trabajadores para protegerse.

Con el derecho de huelga, los trabajadores pueden evitar la completa dependencia del empleador.

Al contar con el derecho de huelga, se puede lograr un mayor equilibrio entre el poder de los trabajadores y de las empresas.

Sin el derecho de huelga, aumentaría cada vez más el número de gobiernos que prohíben la acción industrial, castigando a las personas que se atreven a declararse en huelga.

La mayoría de las huelgas son por salarios y para mejorar las condiciones de trabajo. Sin la amenaza de huelga, las empresas estarán en condiciones de aumentar sus ganancias, permitiendo a la vez que se empeoren las condiciones de trabajo.

Campaña de resistencia

El 18 de febrero, antes de la reunión clave de la OIT sobre el derecho de huelga que se realizará del 23 al 25 de febrero, los sindicatos y trabajadores de todo el mundo van a protestar para conservar este derecho fundamental.

El Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, que ha sido ratificado por 153 países, ha sido, desde hace mucho tiempo, reconocido como un pilar defensor del derecho de huelga. Sin embargo, grupos empresariales y algunos gobiernos quieren desconocer este aspecto del Convenio.

El grupo de trabajadores y sindicatos de todo el mundo quieren que este asunto se remita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero hay varios representantes gubernamentales que se oponen a esta proposición.

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