La Real Ordenanza de Intendentes fue un conjunto de reformas administrativas implementadas en el Imperio Español durante el reinado de Carlos III en el siglo XVIII, concretamente promulgada en 1782 para las colonias americanas y en 1749 para España. Estas reformas tenían como objetivo principal centralizar y mejorar la eficiencia de la administración colonial, así como aumentar los ingresos de la Corona.
Bajo este sistema, el territorio se dividía en distritos gobernados por intendentes, quienes tenían amplios poderes sobre asuntos económicos, fiscales, militares y judiciales. La figura del intendente buscaba reducir el poder de las autoridades locales tradicionales y aumentar el control directo de la Corona sobre sus dominios. Los intendentes eran responsables de promover el desarrollo económico, mejorar la recaudación de impuestos, supervisar las milicias y administrar la justicia en sus respectivas jurisdicciones.
Las reformas de la Real Ordenanza de Intendentes también pretendían estimular la agricultura, la minería y el comercio, así como mejorar la defensa y la infraestructura. En resumen, esta ordenanza fue un intento de modernizar y centralizar la administración colonial para hacerla más eficiente y rentable para la Corona española, reflejando los ideales del despotismo ilustrado de la época.
