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El artículo 222 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece el derecho y la obligación del Estado de promover y proteger la inversión extranjera, siempre y cuando esta se realice en armonía con el interés nacional y los principios de reciprocidad y equidad. Es importante para el desarrollo económico, pero debe realizarse de manera responsable, respetando los derechos de los ciudadanos, los recursos naturales y el medio ambiente.