En el año 2012 se produjo un debate nacional en torno a una propuesta de reforma a la justicia que se estaba adelantado en el Congreso de la República. Dicha reforma introducía novedades como la privatización de la justicia, el aumento del periodo de los magistrados de las altas cortes y algunas ventajas a congresistas y presos por parapolítica. La ciudadanía ejerciendo su derecho a la libertad de expresión contemplado en el artículo 20 de la constitución política colombiana expuso su inconformidad con esta reforma a través de los medios de comunicación y las redes sociales, obligando a que el congreso y el presidente de la Republica se pronunciaran negativamente frente a esta y le quitaran su apoyo ya que