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Recientemente, varias leyes han sido declaradas inconstitucionales en diferentes países, cada una por distintas razones.
Argentina: La Ley 6452/2021 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta ley permitía que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revisara sentencias de tribunales nacionales. La inconstitucionalidad se basó en que la legislatura local no tiene potestad para modificar los códigos procesales nacionales ni para establecer normas que afecten a la jurisdicción nacional, violando así el principio de jerarquía normativa y la supremacía constitucional (infobae).
España: El Tribunal Constitucional español declaró inconstitucionales varios aspectos de la reforma del impuesto de sociedades implementada en 2016 por el Gobierno del Partido Popular. La reforma modificó elementos esenciales del tributo a través de un real decreto-ley, lo cual vulnera el artículo 86.1 de la Constitución que regula el deber de contribuir a los gastos públicos. La sentencia resaltó que cambios tan significativos en el sistema tributario no pueden realizarse mediante un decreto-ley, sino que requieren una ley formal aprobada por el Parlamento (THE OBJECTIVE) (Garrigues).
Perú: Entre las leyes declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional peruano se encuentra la Ley 31131, que fue invalidada por no contar con el respaldo del Poder Ejecutivo y por sacrificar la meritocracia en el acceso a la función pública. Otras leyes peruanas como la Ley 31305, que buscaba levantar el secreto bancario para luchar contra la corrupción, y la Ley 31304, que pretendía proteger el patrimonio cultural, también fueron declaradas inconstitucionales por afectar derechos constitucionalmente protegidos y por su falta de armonización con la Constitución (La República).
España (Plusvalía Municipal): La regulación del impuesto de plusvalía municipal en España ha sido declarada inconstitucional en dos ocasiones, en 2017 y 2021. Recientemente, el Tribunal Supremo cerró la puerta a las reclamaciones de los ciudadanos afectados, determinando que no existe una pérdida patrimonial indemnizable por el pago de un impuesto declarado inconstitucional, lo que ha generado controversia sobre la responsabilidad del Estado legislador y la protección de los contribuyentes (Confilegal).
Estas decisiones reflejan la importancia de mantener la conformidad de las leyes con las constituciones nacionales y de asegurar que cualquier modificación significativa se realice dentro del marco legal adecuado.
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