Respuesta:
En este caso, la posición más justa sería priorizar el derecho fundamental a la vida y a la salud de la niña por encima de las creencias religiosas de sus padres. La salud y el bienestar de la menor deben ser protegidos y garantizados, especialmente cuando está en riesgo su vida o su salud grave.
La tutela presentada por el tercero busca precisamente asegurar que se protejan los derechos fundamentales de la niña. La libertad religiosa es importante, pero no puede ser utilizada para poner en peligro la vida o la salud de una persona, en este caso, de una niña que no tiene capacidad para decidir por sí misma.
La decisión de proporcionar el tratamiento médico necesario para salvar la vida de la niña debe ser tomada por las autoridades judiciales competentes, quienes deben considerar el interés superior del menor y el principio de autonomía progresiva, que implica proteger a la niña de daños graves e irreversibles, incluso si esto significa ir en contra de las creencias de sus padres.
En resumen, la posición más justa en este caso sería ordenar el tratamiento médico necesario para la niña, protegiendo así su vida y su salud, incluso si ello va en contra de las creencias religiosas de sus padres.
