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Resumen: Durante los últimos 10 años en Colombia, se ha realizado un gran esfuerzo por abordar el tema de la planificación y el ordenamiento del territorio, no solo a nivel municipal, sino desde las regiones que conforman las cuencas hidrográficas, como una estrategia de las Corporaciones Autónomas Regionales en la planificación ambiental territorial; sin embargo, aun no existe la suficiente articulación y coordinación político-institucional, que permita direccionar las acciones hacia una verdadera planificación sostenible del territorio. Dentro de este marco general de análisis, el presente artículo evidencia el estado del arte, en la formulación y revisión de los planes de ordenamiento municipal del Departamento del Atlántico, analizando sus problemática ambientales generales, así como el grado de aplicación de los instrumentos de gestión contemplado en la Ley 388 de 1997. 1. Antecedentes La constitución política de 1991 establece las bases fundamentales del ordenamiento en Colombia, entre las que se encuentra la función social y ecológica de la propiedad, el interés general sobre el interés particular y la función pública del urbanismo. Por supuesto las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR2) ya tenían antecedentes de vieja data, sobre todo en el tema de las Corporaciones del Desarrollo y con los antiguos Consejos Regionales de Planificación Económica y Social CORPES, que hacían la función de grandes organismos, con amplios territorios administrativos que generaban políticas y proyectos de carácter supra-regional. En este contexto se empieza a hablar de los ordenamientos de cuencas hidrográficas, como un compendio de políticas, programas, planes y proyectos para recomponer y optimizar los recursos naturales de una cuenca hidrográfica. El desarrollo posterior de los principios constitucionales referentes al medio ambiente, permitió la formulación y expedición de la ley 99 de 1993, como Ley general del Medio Ambiente, creando figuras como las CAR, con un sistema de rentas propias con destino especifico, dirigido hacia el mejoramiento del medio ambiente y el desarrollo sostenible del territorio; estos adelantos en materia ambiental “estuvieron motivados por los imperativos generados en el contexto internacional y por la formulación de ambiciosas metas sociales y ambientales” (Rodríguez, en Cepeda, 2004).
