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1. Ley contra el Lavado de Dinero: Establece medidas para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, delitos que frecuentemente están vinculados con actos de corrupción.
2. Ley de Ética Gubernamental: Regula el comportamiento ético de los funcionarios públicos, estableciendo normas para evitar conflictos de interés, sobornos y otras prácticas corruptas dentro de la administración pública.
3. Ley de Contrataciones Públicas: Define los procedimientos transparentes y equitativos para la contratación de bienes y servicios por parte del Estado, con el fin de evitar favoritismos y prácticas corruptas en los procesos de licitación y adjudicación.