Control soberano: El Estado debe tener control total sobre los recursos petroleros.
Participación directa: A través de empresas estatales, el Estado debe estar directamente involucrado en la industria petrolera.
Regulación y supervisión: El Estado debe establecer un marco regulatorio para supervisar y regular las actividades petroleras.
Uso de los recursos: Los ingresos del petróleo deben administrarse de manera transparente y destinarse al desarrollo económico y social.
Política de energía sostenible: Desarrollar políticas para diversificar la matriz energética y promover fuentes renovables.
