La ley establece que el Estado nacional debe articular y coordinar estrategias y acciones con los gobiernos provinciales y locales, así como con instituciones académicas, científicas y universitarias, por varias razones:
1. *Descentralización*: Para garantizar que las políticas y programas se adapten a las necesidades específicas de cada región y comunidad.
2. *Colaboración interinstitucional*: Para fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos entre diferentes niveles de gobierno y sectores.
3. *Enfoque integral*: Para abordar problemas complejos que requieren un enfoque multidisciplinario y multisectorial.
4. *Fortalecimiento institucional*: Para apoyar el desarrollo de capacidades y competencias en los gobiernos subnacionales y en las instituciones académicas y científicas.
5. *Participación ciudadana*: Para involucrar a la sociedad civil y a los actores locales en la toma de decisiones y en la implementación de políticas.
6. *Eficiencia y efectividad*: Para evitar duplicidades y optimizar recursos, asegurando que las acciones sean coherentes y complementarias.
7. *Innovación y conocimiento*: Para aprovechar el conocimiento y la expertise de las instituciones académicas y científicas, y fomentar la innovación y el desarrollo.
8. *Cohesión territorial*: Para promover la equidad y la cohesión entre diferentes regiones y comunidades, reduciendo brechas y desigualdades.
