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Después de 1820, los caudillos provinciales o gobernadores tenían un poder considerable en sus respectivas regiones en muchos países de América Latina. Su autoridad se basaba en el control militar y político sobre áreas específicas, lo que les permitía influir en la política nacional y ejercer un grado significativo de autonomía respecto al gobierno central. Estos caudillos a menudo tenían el control sobre los recursos locales, el ejército provincial y las instituciones gubernamentales, lo que les daba una gran influencia sobre la vida política y social de sus regiones. Además, muchos de ellos actuaban como intermediarios entre el gobierno central y la población local, ejerciendo un poder de facto en la toma de decisiones y en la administración de justicia en sus territorios. Esta situación de poder de los caudillos provinciales contribuyó a la fragmentación política y al surgimiento de conflictos internos en varios países latinoamericanos durante el siglo XIX